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  1. La humareda de los miles de incendios forestales que afectan a la Amazonia llegó este jueves hasta Perú. La caída de los controles medioambientales promovida por el Gobierno de Jair Bolsonaro está pasando factura a la selva amazónica, que se encuentra literalmente en llamas. Pero el presidente brasileño, que niega abiertamente el cambio climático, sorprendió ayer al culpar, sin pruebas, a las ONGs y a las entidades ambientalistas que vienen denunciando a su Gobierno. El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), una de las entidades estatales que están sufriendo recortes de fondos, ha contabilizado 72.843 incendios en áreas protegidas este año –más de 9.000 solo desde el jueves–, un aumento de más del 80% en comparación con el mismo período de 2018. Según el INPE, el fuego ha afectado a 68 áreas protegidas de la Amazonia, principalmente reservas ambientales o indígenas. «Si la sequía no explica los actuales incendios, la reactivación de la deforestación de la selva sí lo hace. El fuego es normalmente usado (por agricultores) para limpiar el terreno después de la deforestación», denunció el Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía (IPAM) en un comunicado, en el que también alertó de que la situación puede agravarse. Ayer Bolsonaro dijo que su Gobierno carece de los recursos para combatir el número récord de incendios registrados en la selva e insistió en la posible implicación de las ONGs. Un ataque que ha sido constante desde que llegó al cargo. El presidente del INPE, el respetado investigador Ricardo Galvão, fue despedido hace unas semanas por difundir los primeros datos que apuntaban a este desastre. Antes, Bolsonaro despidió a un fiscal que lo multó años atrás por pescar en una reserva ambiental, y transfirió a un especialista en delfines a un área desértica por no estar de acuerdo con él. Una cuestión de imagen Bolsonaro considera que la difusión de datos públicos sobre la deforestación brasileña dañan la imagen del país, y ha solicitado la contratación de una empresa privada para monitorear esos índices, descartando años de conocimiento y estudios en el área. La extensión de los incendios, que está matando además incontables animales silvestres, han llevado a algunos estados amazónicos a declarar situación de emergencia; mientras los casos de enfermedades respiratorias también se han disparado. Los efectos de esta crisis se hicieron sentir esta semana en la ciudad de São Paulo, la mayor del país, donde el lunes, anocheció a las 3 de la tarde, como resultado de las partículas de humo que pasaron por la ciudad. Bolsonaro y su ministro del medio ambiente, Ricardo Salles, negaron un fenómeno que fue confirmado por ambientalistas y meteorólogos. Identificado con esas políticas, que considera a ONGs y ambientalistas como enemigos de Brasil, Salles fue abucheado por minutos el miércoles al discursar en una ceremonia de la Semana del Clima, en Salvador. Dispensó los fondos europeos El brasileño también dispensó los recursos de Noruega y Alemania patrocinadores del Fondo Amazonía, creado para controlar el aumento de tala de árboles y apoya la protección del principal pulmón del planeta, que tiene dos tercios de su área en Brasil. Según el excapitán del ejército, esos países estarían invadiendo la «soberanía». Bolsonaro mandó a la canciller alemana Ángela Merkel a usar esos fondos para «reforestar Alemania» y cuestionó a Noruega por «extraer petróleo del Polo Norte» y «matar ballenas», difundiendo en sus redes un video filmado en Dinamarca. Ya a los ambientalista y a los brasileños preocupados con el medio ambiente, Bolsonaro les recomendó que hagan sus necesidades fisiológicas «un día sí, un día no», como le recomendó a un periodista.
  2. Alberto Núñez Feijóo cree que los impagos del Gobierno de Sánchez a las comunidades autónomas pueden llevarlas a incumplir su objetivo de déficit, además de castigarlas en la prestación de servicios sociales básicos. Feijóo resalta que el Gobierno «pudo haber pagado sin problemas en sus viernes sociales y haber resuelto el asunto, pero prefirió convertirlos en una campaña electoral, en lugar de financiar unos servicios públicos elementales que prestamos las comunidades, que representamos el 50% del gasto público frente a un 25% del Estado». Para justificar el impago de las cantidades multimillonarias que adeuda a las comunidades, el Gobierno se ampara en que no ha podido aprobar unos Presupuestos y en que se encuentra en funciones, y esgrime que ha consultado a la Abogacía del Estado y que así se lo ha hecho ver. Sin embargo, el presidente de la Xunta cree que se podría encontrar una vía para solventar unos retrasos en los pagos que están asfixiando a los gobiernos regionales: «El Gobierno está en funciones, pero el Parlamento no está en funciones. Nuestros juristas nos dicen que se podría presentar un proyecto de ley para reponer la financiación de los servicios básicos de las comunidades». Galicia fue la primera comunidad que puso sobre la mesa el problema de la asfixia financiera que sufren las autonomías por el retraso del Gobierno de Sánchez en los pagos de IVA y entregas a cuenta. El pasado 10 de julio, el Parlamento gallego aprobó una proposición instando a la Xunta a actuar ante el Gobierno. El 21 de julio, el Ejecutivo gallego escribió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordándole que el impago de los 700 millones que adeuda el Estado a Galicia «es una situación sin precedentes». En un encuentro con la ministra, Feijóo reiteró la demanda. La respuesta de Montero fue que si quería cobrar apoyase la investidura de Sánchez.
  3. En la sede morada continúan con la presión al PSOE para llegar a una coalición y consideran que la drástica respuesta del Ejecutivo en funciones «no está a la altura de un documento tan trabajado» como el que enviaron a Pedro Sánchez. Aunque ayer, en pos del consenso, libraron al presidente del Gobierno en funciones de comparecer en el Congreso por la crisis del Open Arms. En una entrevista con Europa Press, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, exigió a Sánchez «repensar» su negativa a la última oferta de Unidas Podemos y no lanzar una respuesta tan en «caliente». El equipo negociador de Podemos considera que es una propuesta «sensata» que reposa sobre una base programática y un reparto competencial al que ya habían llegado con los socialistas. Y lo cierto es que el PSOE está rechazando una oferta que ya habían aceptado en julio. «Creo que hay opciones de que pueda tener viabilidad, le pido al PSOE que repiense su posición, que estudie la propuesta y que podamos ponernos a negociar lo antes posible», explicó Belarra. En una carta a sus inscritos, Podemos expresó ayer que seguirán negociando, pero que lo que «no se puede aceptar es un trágala» como el que intenta el PSOE. «La posición de “o como yo digo, o elecciones”», dice el partido morado, es «irresponsable» y «fracasará». «Podemos quiere dos gobiernos en uno» Por su parte, los portavoces del PSOE siguen proclamando el «no» de Sánchez en los medios: «Nosotros entendemos un Gobierno con una sola política. Podemos piensa en dos», aseveró ayer el diputado Rafael Simancas. «Seguimos pensando que el más adecuado es un Gobierno del PSOE con un apoyo programático de Podemos como sucede en Portugal», añadió. Para Podemos, pese a las declaraciones del PSOE, forzar a Sánchez a declarar en el Congreso alineándose con su oposición n o favorece un buen escenario para recuperar el diálogo. En cuestión de horas ayer Unidas Podemos rectificó para no apoyar en el Congreso la comparecencia de Sánchez y librarle de dar explicaciones sobre su gestión con el conflicto migratorio de la ONG. Desde el partido morado advirtieron eso sí de que hoy solicitarán junto con Compromís y ERC la asistencia al Parlamento de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Las declaraciones del Ejecutivo en funciones sobre la crisis, así como su administración, tensaron la relación entre PSOE y Podemos en mitad de las negocaciones para llegar a un acuerdo de investidura. Podemos decidió por ello retroceder. Belarra censuró al Ejecutivo y subrayó que el presidente en funciones debía aclarar «por qué han gestionado así esta crisis» un Pleno extraordinario. Pero más tarde matizó que debía ser Calvo quien diera las explicaciones porque Sánchez estuvo de «vacaciones». La semana que viene se decidirá en la Diputación Permanente si sale adelante la petición de comparecencia de Sánchez que registraron juntos PP y Cs. El apoyo morado era clave y sin ellos todo apunta a que el líder del PSOE no tendrá que intervenir en el Pleno para aclarar sus giros. Si se abstienen dependerá de los nacionalistas, pero si votan en contra lo «salvarán».
  4. La «crisis de seguridad» en Barcelona tiene ya alcance internacional. La escalada de robos violentos que registra la Ciudad Condal en los últimos meses, con especial incidencia en las zonas de mayor concentración turística, ha llevado a la embajada de los Estados Unidos en España a lanzar un aviso a los ciudadanos norteamericanos que vayan a viajar a Barcelona, recomendándoles que tomen precauciones. El aviso -en la misma línea de lo que ya están haciendo cadenas hoteleras y tour operators, según ha podido comprobar ABC- coincide con la serie de reportajes que se han comenzado a publicar en medios internacionales sobre el incremento de la inseguridad en la ciudad (de manera reciente la BBC y las publicaciones alemanas Der Spiegel y Frankfurter Allgemeine Zeitung). En su nota de advertencia, la embajada americana señala que «las autoridades locales han informado de un significativo incremento en el número de pequeños hurtos que incluyen el uso de la violencia, como el robo de joyas, relojes y carteras. En algunos casos estos robos han acabado con heridas». La embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén especialmente vigilantes sobre su situación personal, y les insta a no resistirse físicamente si son objeto de un robo. Del mismo modo, les recomienda que no muestren de manera visible artículos como joyas o relojes caros. El aviso de ahora no es tanto una advertencia de lo que pueda pasar -como sucedió con los avisos anteriores sobre el proceso soberanista-, sino una descripción aséptica de lo que ocurre ahora en Barcelona. El miércoles, los Mossos ponían cifras a lo que el mismo ayuntamiento reconoce que es una «crisis de seguridad». Según la negra estadística, los robos con violencia e intimidación -los que más alarma crean- se han disparado un 30% en lo que va de año respecto al mismo periodo. De estos, solo 773 casos el pasado mes de julio. El mayor patrullaje (incluso con el envío de antidisturbios de los Mossos a Ciutat Vella), el incremento de las detenciones (un 80% más en el caso de robos violentos) y el cambio municipal (coincidiendo con la asunción por parte del edil del PSC Albert Batlle del área de seguridad) parecen suficiente para darle la vuelta a una crisis de seguridad que, como comienza a difundirse a través de los medios, es también ya una crisis de reputación. La muerte de una alto cargo del gobierno de Corea del Sur tras un asalto violento y las heridas sufridas por el embajador de Afganistán por el mismo motivo han disparado la alarma. En este contexto, la advertencia de la embajada de EE.UU. no es un caso aislado. Lo mismo está haciendo el sector hotelero. «Los hoteles nos estamos acostumbrando a avisar a los turistas de que deben vigilar sus pertenencias y hemos tenido que reforzar la seguridad privada, sobre todo en los accesos, con más cámaras y personal porque en los alrededores de la entrada suelen relajarse», expone a ABC Manel Casals, director general del Gremio de Hoteles de Barcelona. Según remarca Casals, «al revés de lo que percibe la gente, que cree que esto ha ido a peor, nosotros hemos notado un cambio de mentalidad. El PSC se ha tomado en serio las amenazas y el Ayuntamiento ya ve la seguridad como un tema prioritario» después de años en el que la ciudad «se había descuidado de manera exagerada». «Marca Barcelona en peligro» El responsable del gremio descarta que la crisis esté afectando al turismo como sí lo hizo el conflicto independentista o los atentados del 17-A: este verano Barcelona tiene una ocupación media cercana al 86%, «muy buena». Desde la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) tampoco han notado una bajada de reservas. «Son casos aislados. Tanto la Guardia Urbana como los Mossos están poniendo remedio», comenta Martí Sarrate, su presidente. Por este mismo motivo, la entidad también lanza más consejos para que los tour operators los trasladen a los visitantes de la Ciudad Condal: que no paseen despistados y que no hagan ostentación de sus pertenencias de valor son sus principales recomendaciones. «Si seguimos así acabaremos afectando a la marca Barcelona y a nosotros nos interesa ganar turismo de calidad. Por eso hay que seguir luchando contra los delitos, también con leyes más fuertes», pide. Unos y otros coinciden en que la cuestión de la seguridad no es nueva y en que venían alertando de ello ya hace un año. «Llevábamos tiempo avisando de que cada vez nos venía más gente a la que le había sucedido algo», añade Casals. En esta línea, el presidente de la asociación de apartamentos turísticos de Barcelona, Apartur, Enrique Alcántara, reafirma a este periódico que «la inseguridad no es de ahora. No es más alarmante ahora que hace un año. Además percibimos un punto de inflexión».
  5. «Lo que más nos ha dolido es el abandono por parte de quien nos debería proteger, que para algo somos españoles y tenemos la bandera española en el barco. El año pasado, cuando se nos bloqueó jurídicamente en Pozzallo, en Italia, de inmediato vino el cónsul español en Roma a ver como estábamos, qué necesitábamos, qué podía hacer. En esta ocasión nos hemos encontrado muy solos...». Óscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms, recuerda así la ayuda diplomática que en abril de 2018, tiempos del anterior Ejecutivo del PP, recibieron para que su barco Open Arms fuera liberado tras haber sido inmovilizado en un puerto de Sicilia. Este agosto la situación ha sido mucho más crítica y el Gobierno de Pedro Sánchez, confirma, no se ha comunicado con ellos «en absoluto» en los 19 días que han permanecido «secuestrados» en el mar por el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini. «Con aire acondicionado y viniendo de vacaciones, las cosas se ven de una manera diferente a cuando hueles a muerte con 150 personas a bordo», lamenta Camps. De hecho, añade, «la primera persona con sentido común que subió al Open Arms, el fiscal de Agrigento, tardó 45 minutos en dictaminar que había que bajar a todo el mundo rápidamente de allí». Nada con ellos, pero apunta que sí hubo llamada oficial a Richad Gere cuando estuvo visitando el buque, el día 9. Efectivamente, el propio actor confirmó que Sánchez le había telefoneado. Por eso, tras tanto silencio y la oferta «ilícita, inmoral e impensable» de un desembarco in extremis en Algeciras, al director de esta ONG que ha salvado 59.000 vidas en el Mediterráneo en cuatro años le desconcierta que el Ejecutivo les haya recibido una vez en tierra con un «mensaje destructivo» en forma de amenaza de sanciones. «Acabamos de tumbar en Italia un decreto que nos multaba y ahora España alardea de tener otro», «estamos siendo acosados por dos gobiernos», dice en referencia al de Salvini y al de Sánchez. El Open Arms está «incautado probatoriamente» por ahora, no temen «absolutamente nada», avisa. -Han ganado el pulso a Salvini, lo que no ha hecho la UE en 14 meses de cierre de puertos en Italia, pero entre medias han rechazado ofertas de Malta y España para desembarcos. Salvini protestaba que no íbamos a entrar nunca y sí que entramos y sí que desembarcamos, y no por un pulso político, sino porque el puerto más seguro y más cercano era Lampedusa. Y era completamente ilícito, inmoral e impensable que después de 18 días de sufrimiento, -de los cuales, durante 17 el Gobierno español estuvo diciendo que no iba a hacer nada porque era un tema suyo-, propusieran que fuéramos a Algeciras o Mallorca... sin haber comunicado con nosotros en absoluto para poder entender un poco, porque desde la distancia, en un despacho, con aire acondicionado y viniendo de vacaciones, las cosas se ven de una manera. Pero cuando hueles a muerte, a hacinamiento y a enfermedades infecciosas con 150 personas, no te ves con capacitación para transportarlas a 1.500 millas de distancia ni a 500, cuando tienes un puerto enfrente y la ley está de tu parte. Pero, ¿buscaban un plus de efecto mediático enfrentándose a Italia? Salvini utiliza la confrontación con el Open Arms porque es un buen escaparate, le da mucho retorno mediático. Nosotros hemos cumplido con la legalidad internacional. Nos negamos a tomar ninguna decisión que pudiera poner en peligro la salud de una tripulación y 150 personas que estaban agotadas... Estábamos en aguas territoriales italianas rodeados de cuatro barcos militares italianos, no podíamos movernos de allí, con dos causas abiertas con la justicia italiana... No sé qué pretendía el Gobierno español al no hablar con el italiano y pedirle que nos liberara. Y luego, cuando el fiscal italiano estaba a punto de firmar (para abrir con carácter de urgencia Lampedusa al Open Arms), España nos ofrece un puerto. El fiscal deja de firmar y tuvimos que ir a convencerle... Nadie se preocupó y se tomaron decisiones desde un despacho con mucha frivolidad y sin consultarnos nada. ¿El desembarco en Lampedusa estuvo a punto de abortarse por la oferta a destiempo de Sánchez? Nuestro equipo jurídico tuvo que volver a la Fiscalía a llevar todos los informes médicos para que pudiera ver que el barco no se podía mover. No sé qué interés tenía el Gobierno español... lo único que tenía que haber hecho era llamarme y preguntarme en qué situación nos encontrábamos, lo hubiera explicado. No me llamó nadie.. por lo visto llamaron a Richard Gere cuando estaba a bordo, pero a nosotros no, no tenemos esta popularidad. ¿Han sido víctimas colaterales de las vacaciones del presidente? Somos ciudadanos españoles, estamos siendo secuestrados en aguas territoriales de otro país, y se nos deja en el desamparo. Es lo único que reprocho al Gobierno: si hubieran enviado un representante diplomático, seguro que hubiera mediado. Ya que a mí no me quieren escuchar ni me cogen el teléfono, él hubiera trasladado el contexto de sufrimiento. Lo tenemos todo grabado, documentado, por eso el fiscal italiano ha decidido incautar probatoriamente el barco, para documentar que este bloqueo ha producido mucho dolor y accidentes, se ha evacuado a 65 personas. Igual el 66 se nos muere y bajo qué responsabilidad... Nadie se ha preocupado de lo humano. Eso también lo puedo reprochar, ese trato tan frío... al día siguiente de haber desembarcado, que estábamos agotados, me leo unas declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que yo creía que se iba a interesar por el estado de los españoles a los que un fiscal italiano había tenido que liberar, y vemos una amenaza de multa. Cuando oí su discurso dije, «caray, ha vuelto Salvini». Puede alcanzar los 900.000 euros, ¿cómo los van a pagar?, ¿con qué se financia Proactiva Open Arms? Las misiones se financian en un 80 o 90% por donaciones privadas, también de municipios... Si nos multan, pues intentaremos recaudarlo como sea para conseguirlo... Pero sabían que desde enero no tenían permiso para rescatar inmigrantes en el mar. En aguas internacionales funciona el derecho marítimo, que para eso se hizo, es un marco que compromete a todos los países que lo firmaron y hay que obedecerlo por encima de todo. Gracias a la legalidad y a recurrir y a aguantar las resoluciones legales hemos podido desembarcar en el puerto seguro más cercano, porque si no el barco este que viene a rescatarnos (el buque militar enviado por el Gobierno) todavía estaría llegando, estaríamos igual. En cualquier caso, cuando esto acabe nos sentamos a ver qué administrativamente hemos inclumplido. Ahora interésese por los españoles que han estado secuestrados, según un fiscal, en una jaula de metal a 38 grados con el agua y comidas restringidas en unas condiciones inhumanas. Y no olvidemos que las víctimas son las personas que rescatamos, las sacamos de un naufragio, todos han sido violados, torturados, y de eso es de lo que menos se habla. Deshumanizamos la situación del barco para luego abordar aspectos administrativos absurdos. ¿Qué ha pasado, a su juicio, entre el recibimiento del Aquarius y lo ocurrido ahora? No lo sé. Supongo que cuando tus asesores solo buscan los resultados, las encuestas, los medios... El contexto era diferente, un gobierno de izquierdas recién llegado. Pero lo de las multas no viene de ahora, viene de enero ¿Su victoria legal sobre Italia va a servir para cambiar las cosas en el Mediterráneo central? Sí, como dice, lo que no han conseguido 28 gobiernos en 14 meses lo hemos logrado nosotros tumbando un decreto. Si eso sirve para crear un eje franco-alemano-español-portugués frente a una situación que ha llevado a 14.000 muertos en la última legislatura europea, nos damos por satisfechos. ¿Perdió la esperanza alguna vez? No. La ley está de nuestra parte.
  6. Todo está en el aire. El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, había impuesto un paso ligero a los partidos políticos en las consultas que ha mantenido en los dos últimos días con sus respectivos dirigentes. Quería tener resuelta en un plazo breve la crisis de gobierno, abierta oficialmente el pasado martes, cuando el primer ministro, Giuseppe Conte, presentó su dimisión del cargo. Mattarella consideraba como definitiva la jornada de ayer para tener clara la solución de la crisis. No fue así. Los líderes políticos se están encontrando una cuesta demasiado empinada, prácticamente una montaña. Han pedido más tiempo y el presidente Mattarella ha anunciado nuevas consultas para el próximo martes. Se creía en los últimos días que sería relativamente fácil un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, Movimiento 5 Estrellas (M5E) y Partido Democrático (PD), los únicos que podían constituir una mayoría parlamentaria para formar gobierno y cerrar la crisis abierta por el líder de la Liga, Matteo Salvini, evitando elecciones en el mes de octubre. Pero, tras sus consultas con Mattarella, sus líderes han expuesto una serie de condiciones difíciles de aceptar para el posible aliado. Condiciones para la alianza Así, el jefe político del Movimiento 5 Estellas, Luigi Di Maio, ha presentado un elenco de diez puntos, destacando los siguientes: reducción de los parlamentarios (actualmente entre el Congreso y el Senado tienen 915 escaños, y deberían eliminarse 315); aprobar unos presupuestos generales que prevean bloquear el aumento del IVA (hay grave riesgo de tener que aumentarlo al 25%), reducción de impuestos y ayudas a las familias; una ley sobre el conflicto de intereses y una reforma de la RAI; cárcel para los grandes evasores; un plan de inversiones para el Sur, y reforma del sistema bancario. Por su parte, el secretario del Partido Democrático, Nicola Zingaretti, pone tres condiciones fundamentales para que pueda nacer un gobierno con el M5E: abolir los dos decretos de seguridad de Salvini (en el segundo se disponen multas hasta un millón de euros a las naves humanitarias y la incautación del barco); una «discontinuidad política y programática», acordar previamente los presupuestos del Estado, y no recortar los parlamentarios, como exige el M5E. Zingaretti ha dicho que «estos principios no son negociables». Pretendería así hacer una prueba de fuerza para buscar un equilibrio político con el M5E, equilibrio que no existe en el Parlamento italiano, pues en las elecciones de marzo de 2018 el M5E obtuvo casi el 33% de los votos y el PD la mitad.En la actualidad, según los sondeos, el M5E obtendría alrededor del 15%, mientras el PD se sitúa en el 22-23% en intención de voto. La posición intransigente de Zingaretti es muy criticada por el ex primer ministro y exsecretario del PD Matteo Renzi, al que hoy siguen la mayoría de los parlamentarios del Partido Democrático. A última hora de una tensa jornada, Zingaretti mostró cierta apertura para poder llegar a un acuerdo con el PD.
  7. Poco más de un año ha pasado desde que David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras, se paseara inquieto por el puerto de Valencia, bajo un sol abrasador a la espera de que atracara el Aquarius, con 629 inmigrantes a bordo. Su rostro, ahora desanimado y sin bronceado, vuelve a aparecer en los medios porque otro barco de Médicos Sin Fronteras, el Ocean Viking, con 356 personas a bordo, espera llegar a puerto seguro. Sin embargo, esta vez no ha tenido, al menos de momento, el visto bueno del mismo Gobierno que en junio del año pasado les dio la bienvenida. Mucho ha llovido entre un suceso y otro, con la tormenta en medio del Open Arms que finalmente atracó en Lampedusa el pasado martes. «El gobierno ha sido mediocre. La inconsistencia de su política desde la llegada del Aquarius ha sido evidente», sentencia Noguera que diferencia su organización de la de Open Arms: «Open Arms y Médicos sin Fronteras son diferentes. Ellos se dedican a los rescates, nuestras operaciones en el mar representan el uno por ciento, el 99 restante está en los sitios donde se generan los problemas, como zonas en conflicto, con epidemias o hambruna». ¿Cuál es la última hora del Ocean Viking? Estamos a la expectativa de un puerto, gestionando a 350 personas. Cada día que pasa se agrava la situación. Tenemos un par de enfermos complicados y la situación no debería alargarse hasta que llegue un fiscal italiano a decir que las condiciones son insalubres. El ridículo con el Open Arms, por parte de las autoridades competentes, incluida la española, ha sido total. ¿Qué se debe hacer para evitar otra situación como la vivida por el Open Arms? Tiene que buscarse un mecanismo estándar y eficaz. Hasta ahora, cada vez que pasa algo hay ocurrencias ad hoc. El mecanismo definitivo debe permitir rescatar a estas personas y trasladarlas a un puerto seguro, tal como lo exige la ley de rescate, donde la dignidad de las personas sea respetada y donde puedan presentar su petición de asilo. Por eso, debe descartarse Libia. No exigimos nada que no esté en los marcos legales. ¿Por qué Túnez no es una opción? Porque, como señala ACNUR, Túnez no tiene ni los medios ni los mecanismos necesarios para garantizar que quienes llegan pueden presentar su petición de asilo. ¿Qué opina de la gestión española en el Open Arms? El gobierno ha sido mediocre, no ha estado a la altura. La inconsistencia de su política desde la llegada del Aquarius ha sido evidente y se han hecho declaraciones fuera de lugar como las de la vicepresidenta, Carmen Calvo, cuando aludió a que el Open Arms no tenía permiso para rescatar. Esas declaraciones tienen una enjundia preocupante. Espero que haya sido un error porque sino esa frase la acompañará el resto de su vida. ¿Le preocupa que el Ocean Viking le suceda lo mismo que al Open Arms? Claro que me preocupa, esto tiene que servir para entender que estas situaciones se siguen produciendo. ¿No cree que si el mecanismo se lleva a cabo se producirá una situación de llegada masiva de personas que quizás no se puedan acoger? Esto no implica que llegue gente hasta el infinito. Tiene que llevarse a cabo un plan integral, nuestra labor no implica abrir las puertas para todos ni dar papeles para todos, hay medidas preventivas para impedir que esto ocurra. Una persona que tiene derecho a pedir asilo no es lo mismo que un migrante económico, pero que vuelva a su país no implica que lo tiremos al mar. Tiene que haber un enfoque más solidario, más humano. Además, Europa tiene responsabilidad en muchas situaciones de conflicto en África. Si somos parte de las causas, tendremos que responsabilizarnos de las consecuencias. ¿Qué opina de Óscar Camps? Lo han llamado traficante de personas... No lo conozco personalmente. A mí también me llamaron traficante. De todas formas, Open Arms y Médicos sin Fronteras son diferentes. Ellos se dedican a los rescates, nuestras operaciones en el mar representan el uno por ciento, el 99 por ciento restante está en los sitios donde se generan los problemas, como zonas en conflicto, con epidemias o hambruna Nosotros hemos renunciado a los fondos de la Unión Europea, en los últimos cinco años hemos dejado de percibir 165 millones de euros en subvenciones públicas.
  8. La Casa Blanca se ha embarcado en una estrategia compleja para impedir que los inmigrantes sin papeles accedan a la nacionalidad norteamericana a través de sus hijos, sean estos nacidos en Estados Unidos o no. Tras la extinción hoy de un acuerdo judicial que limita la detención de menores indocumentados a 20 días, el presidente Donald Trump ha anunciado que está estudiando acabar con el principio constitucional de «ius soli», es decir, la concesión de nacionalidad a todos los que hayan nacido en territorio soberano de EE.UU. «Estamos estudiando de forma muy detenida la ciudadanía por nacimiento», dijo el presidente en declaraciones a la prensa el miércoles. «Ahora, por tener un hijo en este país, ese niño obtiene inmediatamente la ciudadanía. Es algo que debemos revisar con mucho detalle porque francamente me resulta ridículo». Ese derecho, sin embargo, está amparado por la decimocuarta enmienda de la Constitución y por diversas leyes de inmigración y nacionalidad aprobadas a lo largo del siglo XX. Trump ha denunciado en numerosas ocasiones la utilización de menores, nacidos o no en EE.UU., para que los padres sin papeles obtengan a través de ellos la ciudadanía o al menos el derecho de permanecer en el país a la espera de que se fallen sus casos. Ese es el motivo por el cual esta semana el gobierno norteamericano ha decidido acabar con el llamado Acuerdo Flores, por el cual aceptó en 1997 una serie de limitaciones a la detención de menores que no tengan la documentación migratoria en regla. Amenaza judicial Varias asociaciones de defensa judicial de inmigrantes sin papeles, así como varios políticos demócratas, han avanzado ya que llevarán la decisión de la Casa Blanca a los tribunales para impedirle al Gobierno la detención indefinida de menores. El año pasado, el servicio migratorio abrió campamentos en la frontera donde internó durante unas dos semanas a menores arrestados después de haber cruzado la frontera de forma irregular. Tras las protestas de los demócratas, algunos de los cuales visitaron esos campamentos, cerró la mayoría de ellos. La jurisprudencia no es precisamente halagüeña para el presidente, que en el pasado ha expresado su intención de modificar la concesión de ciudadanía por decreto. En 1898 la Corte Suprema falló a favor de conceder la nacionalidad a hijos de extranjeros aunque hubieran nacido en EE.UU. durante una visita temporal, de negocios o turismo. La ley norteamericana combina la concesión de nacionalidad por lazos sanguíneos -padres estadounidenses- y de nacimiento. Amnistía paralizada Según varias estimaciones de agrupaciones migratorias hay en EE.UU. más de 11 millones de personas indocumentadas. De ellas, 3,6 millones llegaron al país de niños, y la mayoría ha estado esperando en los pasados años una amnistía parcial que puso en marcha Barack Obama, pero que con Trump ha quedado paralizada. El actual presidente ha combinado sus cambios estructurales en el sistema migratorio con una política más agresiva de detenciones. En julio, en una decisión sin precedentes, Trump anunció redadas de indocumentados en nueve grandes ciudades de EE.UU., que no se materializaron. El 7 de agosto, el servicio migratorio sí efectuó la mayor redada de su historia, con el arresto de 680 inmigrantes indocumentados en varias empresas cárnicas del estado de Misisipi.
  9. El Gobierno de Pedro Sánchez ha echado mano de la Abogacía del Estado para interpretar la ley de forma restrictiva y estrechar el «grifo» a las autonomías. En su frustrado proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, y a la vista de cómo se está comportando la recaudación tributaria, el Ejecutivo había previsto revisar al alza las entregas a cuenta de fondos que realiza a las comunidades cada año. Ahora, con los presupuestos prorrogados, se niega a aplicar esa revisión al alza apoyándose en un informe de parte solicitado a la Abogacía del Estado. La clave radica en la Ley del Gobierno, que limita la iniciativa legislativa de un Ejecutivo en funciones y restringe su actuación al «despacho ordinario de los asuntos públicos». Esta definición, en sí misma, alude a un concepto jurídico indeterminado, que deja amplísimo margen de maniobra. Pero es que, además, juristas consultados por ABC subrayan que la Ley del Gobierno sí habilita al Ejecutivo en funciones a aprobar decretos leyes en «casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general». Que las autonomías se queden sin liquidez «parece razonable que es una de esas excepciones que prevé la Ley del Gobierno», explica Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Más aún teniendo en cuenta que de ello dependen servicios públicos básicos. Trasfondo político La Ley del Gobierno prohíbe que un Ejecutivo en funciones presente proyectos de ley al Parlamento, pero no veta expresamente que apruebe decretos leyes, que forzosamente han de ser convalidados luego por el Congreso. La línea divisoria entre lo permitido y lo vetado a un Ejecutivo en funciones radica en que su actuación legislativa responda a un caso de urgencia o a razones de interés general. Con la Ley del Gobierno en la mano, el catedrático Roberto Blanco considera que el Ejecutivo de Sánchez «puede esgrimir tanto lo uno como lo contrario, tanto argumentar que no puede revisar al alza las entregas a cuenta a las autonomías como fundamentar jurídicamente que sí puede y debe hacerlo». Y, con notorio trasfondo político, ha preferido activar a la Abogacía del Estado para armar la interpretación legal más restrictiva.